Ruego de ADEIZA para el Pleno de la Excelentísima Diputación Provincial sobre las llamadas "preferentes"

on 05 Abril 2013.

Según el artículo 53 de la Constitución española de 1978, el derecho a la propiedad está reconocido y protegido, así como el derecho a no verse privado de bienes y derechos. De ahí que nuestro derecho penal persiga con severidad la sustracción de propiedades y bienes. Citamos nuestra Constitución porque el tema que nos ocupa tiene mucho (por no decir todo) que ver con un derecho que, hasta hace bien poco, era sagrado en la civilización occidental y en los países de nuestro entorno.

 

La mayoría de los ciudadanos de Zamora no atesoramos grandes propiedades ni generosas rentas. Como mucho, un cierto ahorro que sólo afloraba tras años de duro trabajo y sobriedad en las costumbres. Por eso resulta extraño ver a la ciudadanía revuelta por el temor de ver desaparecer, por arte de birlibirloque, su “hijuela” de dentro de la caja fuerte adonde la había depositado para mantenerla a salvo de especuladores y amigos de la propiedad ajena.

Según las últimas informaciones, más de 3.000 zamoranos adquirieron “preferentes”. De ellos, se calcula que alrededor de 2.000 lo hicieron en Caja España/Caja Duero. Sin embargo, no es un número cerrado: cada día aparecen más. La mayoría son personas mayores, probos jubilados nacidos por la época de la Guerra Civil que, a base de largas jornadas de trabajo y de penosos sacrificios, sacaron a este país del hambre y de la miseria de la larga posguerra española. Se tiene constancia de que la media de las cantidades retenidas por impositor está entre los 10.000 y los 20.000 euros, cifras muy poco espectaculares cuando las comparamos con las que manejan los vividores que ocupan todos los días los telediarios. Gente humilde. Cantidades modestas. Sabemos que el Banco de España establece unas reglas obligatorias para este tipo de contratos: requisitos muy estrictos que el banco emisor, imaginamos, pensaba que se estaban respetando escrupulosamente. Personalmente nos hemos entrevistado con varios de estos honestos ciudadanos y nos han contado como fue, en su caso, la venta del producto. Ese es el único aspecto positivo de este tema: que son muchas las personas buenas, sencillas y honradas las afectadas por este escándalo, por lo que no faltarán testigos fiables para que el ministerio público y los poderes políticos reciban sus declaraciones cuando se den por enterados del asunto y asuman las responsabilidades de defensa de las víctimas a las que les obligan la Constitución y las leyes. Estamos hablando, según nos informan los entendidos, de 416 millones de euros que se han evaporado (por lo menos para los confiados clientes) en las dependencias de Caja España/Caja Duero como en un mal truco de un pésimo mago.

Los últimos acontecimientos respecto a este asunto apuntan a la creación de plataformas ciudadanas que van a perseguir la devolución de los patrimonios alegando que, en el trato entre las entidades financieras y sus clientes, ha mediado un posible engaño que puede desembocar en acciones ante los tribunales. Son palabras mayores, hechos sólidos e insoslayables a los que las instituciones del Estado van a tener que enfrentarse con consecuencias imprevisibles para el futuro. ¿Quién va a creerse que los jubilados zamoranos se han subido a un autocar, se han dirigido a Las Vegas y se han jugado todos sus ahorros y el futuro de sus herederos a una tirada de ruleta? Los directivos de las entidades financieras quieren, según expresan en sus declaraciones, que creamos que sí, que nuestros mayores, de repente, tuvieron todos en el mismo momento el impulso irrefrenable de meter sus peculios en bolsa en plena crisis del mercado de valores. Supieron levantar el país y construir la democracia, pero no saben, según estos perspicaces ejecutivos, distinguir entre un plazo fijo y una inversión en bolsa.

Desde ADEIZA pedimos a los poderes públicos que se interesen por el problema. Sabemos que un asunto tan extraño llamará su atención e indagarán sobre lo acontecido, y no descansarán hasta que se desvele la verdad y se restablezca la justicia. Por estas razones, ROGAMOS a esta Excelentísima Diputación Provincial de Zamora que se interese por este tema, hable con los afectados y colabore, en la medida de lo posible, en el esclarecimiento de estos dramáticos y dolorosos hechos.

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