ADEIZA exige la retirada de la "Ley Mordaza"

on 29 Diciembre 2014.

El Partido Popular ha entrado en “modo pánico” ante la inexorable llegada de las citas electorales del año 2015.

Desde el momento en que el calendario ha marcado la fecha de reencuentro con la sociedad tras 3 años de gobernar al margen de ella, y haber comprobado en los obligados “cara a cara” con la ciudadanía que la “hinchada” del partido ahora mismo es mínima, el núcleo duro del partido ha decidido abrir el tarro de las esencias y encastillarse en la posición de “derechona autoritaria” tan primordial para el desarrollo del Partido Popular en sus albores. Es de este manantial ideológico que tantas veces apagó la sed de la faceta más carpetovetónica del añorado fundador de Alianza Popular/Partido Popular, Manuel Fraga, de donde ha nacido la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana del ministro Fernández Díaz, que gran parte de la sociedad y de la opinión pública han rebautizado como “Ley Mordaza”. Consiste el engendro en 45 casos en que se considera que los españoles están manteniendo un comportamiento inaceptable y se les sanciona administrativamente por ello. Podrán ser infracciones de 3 clases: leves (17 casos), graves (24 casos) y muy graves (4 casos). Si, lejos de la idiocia que nos presuponen nuestros gobernantes, y para constatar sus verdaderas intenciones al redactar este despropósito, tratamos de encuadrar, por ejemplo, en el marco de la nueva ley, las protestas ciudadanas más comunes en los últimos años, una manifestación espontánea del movimiento social contrario a los recortes en la sanidad pública llevada a cabo dentro del recinto hospitalario, aunque sea el aparcamiento, se podrá castigar con una multa de hasta 600.000 euros (100 millones de pesetas, al cambio) al ser una falta considerada muy grave (la cuantía mínima en la sanción para este tipo de falta es de 30.001 euros, 5 millones de pesetas) . Una mínima resistencia pasiva a la acción policial en un caso de desahucio acarreará sanciones de hasta 30.000 euros, tratándose de una falta grave (la multa más baja para esta clase de infracción es de 601 euros, 100.000 pesetas). En el caso de las faltas leves, aunque pueda parecer asombroso, el hecho de no tener el DNI se va a castigar con multas de entre 100 euros (casi 17.000 pesetas) y 600 euros (100.000 pesetas). Las sanciones se aplicarán sin la intervención de los jueces, quedando la gravedad del hecho y la cuantía de la multa al arbitrio de las fuerzas de orden público, cuyo testimonio valdrá como prueba.

Desde ADEIZA mantenemos que se trata de sanciones desproporcionadas, que tienen como fin último el amedrentamiento de la población en un momento histórico en que se está viendo desposeída de derechos y de bienes por obra y gracia de unas políticas económicas y sociales que sólo benefician a los amigos ricos del gobierno; además, como citábamos al principio, con ellas tratan de encandilar a ese segmento de la población que es más partidario del orden público que de la paz social, que prefiere un gobierno a estacazos que una administración que se base en el diálogo y en el pacto, y que son, posiblemente, los únicos votantes fieles que le quedan al Partido Popular. Por último, creemos que esta ley contraviene el principio de proporcionalidad entre las infracciones y sus castigos, como establecen nuestro ordenamiento constitucional y la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que en su artículo 131, apartado 3, instituye que tiene que haber una adecuación entre la gravedad de un hecho y la sanción que se aplica. Por todo ello, rechazamos una ley que se establece por un interés particular de partido y que perjudica gravemente los derechos y libertades de los ciudadanos.

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