BOLETÍN ADEIZA

ADEIZA rechaza el cambio de uso del suelo quemado de la reforma de la Ley de Montes

on 03 Marzo 2015.

Si hace unos días nos referíamos a la reforma de la Ley de Montes del año 2003 que prepara el PP por su cambio en el carácter de la figura del agente forestal, oponiéndonos frontalmente, en esta ocasión nos referimos a la citada reforma por la variación que introduce sobre el uso del suelo quemado en su artículo 50: a partir del momento en que esté vigente la nueva ley, cuando se den “razones imperiosas de interés público de primer orden”, las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal de un monte quemado.

Hasta ahora, según fijaba la vigente Ley de Montes, los terrenos calcinados por incendios forestales no podían cambiar el uso durante 30 años. La señora ministra del ramo, Isabel García Tejerina, ha alegado que el cambio se ha hecho para impedir que un fuego intencionado pueda abortar actuaciones de interés general. El argumento suena bien, pero, si nos fijamos, es muy flojo, porque lo mismo se podría sostener en sentido contrario: que es necesario mantener la prohibición que marcaba la ley del año 2003 porque un fuego intencionado podría, con esta modificación de la ley, cambiar el uso del suelo quemado para favorecer intereses espurios, con la complicidad de algún poder público no excesivamente honesto ni escrupuloso (casos suficientes se han dado en la política española como para desconfiar). Las organizaciones ecologistas han tachado la reforma de imprudente y arriesgada, y le reprochan, además, su invasión de competencias autonómicas en las regulaciones cinegéticas que contiene, amén de calificarla de ser un significativo paso atrás en el campo de la planificación forestal.

Desde ADEIZA consideramos que la salvedad que contiene el artículo 50 de la reforma, que establece que las comunidades autónomas podrán acordar de forma excepcional un cambio de uso en el suelo forestal cuando concurra un interés general prevalente, encierra un peligro en sí misma: puede ser la puerta de entrada para políticas privatizadoras de suelo de montes públicos (como parece que ha empezado a suceder en la Castilla-La Mancha gobernada por el Partido Popular, siempre pionera en medidas neoliberales) y para la posibilidad de hacer negocios especulativos con terrenos que, hasta ahora, eran de utilidad pública. Nosotros pensamos que es mucho mejor evitar la tentación, y por ello estamos en total desacuerdo con esta reforma de la Ley de Montes del año 2003.

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